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Costa Rica se diferenció como país del resto de América Latina por medio de la toma de decisiones muy acertadas en el pasado que crearon un balance socio-económico con estabilidad política. La fortaleza social del país en materia de salud, educación y una gran gama de servicios (energía, telecomunicaciones, transporte, agua, pensiones) al alcance de la mayoría de la población crearon una sociedad estable, donde nuestra calidad de vida llegó a ser el activo más importante de Costa Rica. El reconocimiento de facto de esta plataforma socio-económica se evidencia por la atracción de inversión extranjera directa, el auge turístico, la migración de extranjeros al país, entre otros aspectos. Costa Rica se diferenció mediante acciones concretas que no necesariamente correspondían a “modas” internacionales, sino a los resultados de acuerdos tomados entre costarricenses de buena fe que buscaban el bien común.
Desde hace unas dos décadas las políticas de gobierno en Costa Rica cambiaron, y se han enfocado en la liberalización económica como motor de crecimiento, sin un balance adecuado en el aspecto social. En otras palabras, las políticas de gobierno dejaron de enfocarse en potenciar al ser humano, y se enfocaron casi exclusivamente en el crecimiento económico, bajo la premisa de que el crecimiento económico generaría beneficios para todos. Se han generado beneficios en el plano económico, como la atracción de grandes empresas extranjeras de alta tecnología y la generación de empleos en el sector de servicios y manufactura. Sin embargo, la teoría del beneficio por “derrame” ha demostrado ser solo eso, una teoría. La desigualdad social se ha incrementado al mismo tiempo que Costa Rica ha demostrado un impresionante crecimiento económico. Existe un segmento de la población que no logra salir de la pobreza debido a la falta de políticas de herramientas de acenso social. El desbalance social generado en los últimos veinte años puede reversar los logros económicos, lo cual inicia un ciclo vicioso de decadencia como sociedad. Esta situación genera conflicto y desesperación, que se manifiesta en la inseguridad ciudadana que vivimos en el día a día.
La situación descrita se agrava con el hecho de que Costa Rica está dividida en grupos que no solo tienen visiones de modelos de desarrollo distintos, sino que han “quemado los puentes” de diálogo mediante la descalificación y el aislamiento ideológico. Igual de peligroso es el hecho de que un gran segmento de la población costarricense está desencantada con la política, con lo cual se reducen los espacios democráticos para lograr acuerdos con validación popular. Todo esto ocurre en un momento de una crisis económica global sin precedentes que va a requerir reformas estructurales en nuestro sistema socio-económico.
Es hora de que retomemos el rumbo histórico de Costa Rica, desarrollando nuestras propias políticas y soluciones acorde a las características singulares de nuestro país. Es obvio que Costa Rica se encuentra hoy en un entorno muy diferente al de hace unas décadas. Nuestro país está inmersa en un mundo totalmente “globalizado” e interdependiente, y nuestra estructura económica está compuesta por diversos sistemas de producción (agropecuaria, industrial y servicios) con necesidades distintas y que evolucionan a diferentes velocidades. Sin embargo, Costa Rica ha podido fijar un norte centrado en el desarrollo de la persona en el pasado y lo puede volver a hacer en el contexto del mundo en que vivimos actualmente. Para esto, es absolutamente necesario reconocer la diversidad de nuestra sociedad costarricense, y el derecho a pensar diferente. Reconociendo esta realidad, y el hecho de que todos vivimos en el mismo país, debemos recuperar nuestra capacidad de diálogo y negociación para lograr acuerdos que resulten en acciones concretas.
Como Presidente impulsaré la búsqueda de soluciones nacionales con las personas más calificadas que estén a la altura del enorme desafío de nuestros tiempos. El enfoque de nuestras políticas se centrará en potenciar el desarrollo humano mediante la búsqueda del bien común. Esto implica impulsar un entorno de bienestar mediante la promoción de la salud, superación educativa, balance ambiental, seguridad ciudadana, dignidad de vivienda y estabilidad económica.
Fortaleceré y modernizaré instituciones que han sido emblemáticas del modelo de desarrollo inclusivo del país. Instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad, Acueductos y Alcantarillados, Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Aprendizaje serán fortalecidas con los necesarios presupuestos de inversión para su modernización. De igual forma, es un deber fortalecer toda la gama de educación pública, desde la primaria hasta el nivel universitario. Las sociedades y economías modernas dependen de una población con la calidad de educación que potencie su capacidad y creatividad. Nuestro país debe garantizar que cada costarricense cuente con las herramientas que generan las oportunidades de desarrollo personal, intelectual y cultural.
En el plano económico, impulsaremos a los emprendedores que crearán las nuevas empresas nacionales, desde la microempresas hasta las grandes empresas. Debemos promover al empresariado nacional, no en detrimento de las empresas extranjeras, pero tampoco como empresas de “segunda clase”. Esto implica una estrategia de otorgamientos de micro-créditos a microempresas, que podrán ser unipersonales. El semillero de microempresas generará frutos no solo con el empleo que indudablemente generará, sino en la autosuficiencia creada para familias emprendedoras y en la elevación de la autoestima de las personas que toman control sobre su destino. Las políticas para el sector productivo reconocerán el rol estratégico social y económico del sector agropecuario, así como la importancia del sector cooperativo dentro de un modelo de desarrollo solidario.
Román Macaya
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